CCOO espera que el nuevo Gobierno adquiera un mayor compromiso en la prevención de la epidemia de las agresiones con tolerancia cero, y le exige a la Administración Penitenciaria que negocie un nuevo Protocolo que, proteja de forma eficaz al personal penitenciario contra las agresiones que sufre en el ejercicio de sus funciones en los centros penitenciarios.
Instituciones Penitenciarias presenta la tasa más elevada de siniestralidad laboral de toda la Administración General del Estado con más del 90% de las agresiones físicas, y se coloca a la cabeza de la siniestralidad laboral en Europa, como consecuencia de las agresiones que sufre al personal penitenciario. Sólo entre 2015 y 2016 se produjeron 934 agresiones físicas a trabajadores y trabajadoras de Instituciones Penitenciarias.
Para CCOO estos niveles de violencia existentes son inaceptables, y como ya avanzamos en el momento de su implantación, el protocolo del anterior Gobierno no reduce esta lacra y por ello hemos solicitado la negociación de un nuevo protocolo de prevención, dónde se aborden las causas que las originan y se cumpla la Legislación de Prevención de Riesgos Laborales.
La agresiones en prisión son un problema estructural, con múltiples causas y factores de riesgo. Entre las causas fundamentales de las agresiones se encuentran: la falta de personal, el incremento de población reclusa con patologías psiquiátricas, o la falta de medios y de formación continua y permanente.
A pesar de que las agresiones son un riesgo laboral reconocido en las evaluaciones de los puestos de trabajo, la Administración Penitenciaria impide que los servicios de prevención de Instituciones Penitenciarias
investiguen las causas de las agresiones y adopten medidas de prevención y de protección eficaces, algo que no sucede con el resto de riesgos laborales que existen en el medio penitenciario.
Desde CCOO afirmamos que si no se cumple la Ley de prevención de riesgos laborales, las agresiones continuarán aumentando, así como la gravedad de las lesiones que se producen.
Como medidas urgentes, CCOO exige la convocatoria de una oferta de empleo público extraordinaria, ya que la oferta de empleo público publicada el pasado viernes, 27 de julio, resulta insuficiente, al no reponer las 3.400 vacantes existentes, ni solucionar el grave el problema del envejecimiento de las plantillas, con 50 años de media en el personal de vigilancia y que son determinantes en el aumento de las agresiones.
Igualmente pedimos que se aborde el problema de la salud mental en prisión, creando las unidades psiquiátricas penitenciarias con psiquiatras y medidas alternativas a la prisión, que garanticen la separación del resto de la población reclusa y un tratamiento sanitario de las patologías mentales. Asimismo, es necesario crear un Plan de Formación específico para prisiones adecuado a las nuevas demandas del colectivo, e impulsar el Centro de estudios penitenciarios, como órgano encargado de impartir una formación continua y especializada.
También es urgente incrementar los programas de tratamiento y de prevención dirigidos a la población interna más peligrosa y dotar a los centros de los equipos multidisciplinares especializados en la intervención con este pérfil de internos.
La Administración Penitenciaria tiene la obligación de velar por la seguridad y la salud de su personal, y debe cumplir la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales para generar un entorno laboral más seguro y saludable.
